La protección de “El Padrino” y su Bar Adelitas Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
En el corazón de la Zona Norte de Tijuana, donde el ruido de los bares esconde gritos ahogados y billetes manchados de sangre, opera uno de los tentáculos más oscuros del crimen organizado.
Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, no solo ha consolidado un imperio basado en la prostitución forzada, la trata de personas y el narcotráfico. También ha edificado una fortaleza de impunidad tejida con dólares sucios y favores judiciales.
El Bar Adelitas, uno de los centros nocturnos más conocidos de la ciudad, ha sido señalado por múltiples organismos de derechos humanos como fachada de esta red criminal. Detrás del espectáculo y la falsa normalidad, se escondía una maquinaria que explotaba a decenas de mujeres, muchas de ellas víctimas de trata. Pero lo verdaderamente alarmante no es solo la existencia de este infierno: es quién lo protege.
De acuerdo con la Información Filtrada de la Fiscalía General de la República, “El Padrino” a través de sus lugartenientes y abogados entregó millonarios sobornos en efectivo a jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Federación en diversos estados: Baja California, Sonora, Aguascalientes y Ciudad de México. Estos “cañonazos de dólares” —como los denominan agentes investigadores— no son simples maletines discretos: son inversiones criminales en impunidad, con retorno asegurado.
Los favores comprados no son menores. Expedientes congelados, procesos anulados por supuestas faltas de procedimiento, y hasta liberaciones exprés, forman parte del catálogo de “servicios judiciales” que la organización de Jiménez Loza habría obtenido. Todo a cambio de no enfrentar la justicia, y mantener su red operando con total libertad.
Las instituciones judiciales involucradas, lejos de limpiar su imagen o colaborar activamente, han optado en muchos casos por el encubrimiento. El caso de dos magistrados federales en Baja California que ordenaron la entrega de inmuebles producto de la explotación sexual o suspender una investigación contra la organización de “El Padrino” es solo uno de los muchos ejemplos del blindaje institucional que disfruta esta red.
El rostro más brutal de esta red no está en los tribunales, sino en las víctimas. Jóvenes forzadas a prostituirse, muchas traídas con engaños desde Centroamérica o desde comunidades indígenas del sur del país, terminan atrapadas en los bares de la Zona Norte, sometidas, vigiladas y despojadas de su libertad.
Cada juez que absuelve al “Padrino”, cada magistrado que anula una orden de aprehensión está, en efecto, sellando el destino de una nueva víctima.
Hoy, el caso de Juvenal Jiménez Loza no solo expone la violencia estructural del crimen organizado. También revela una verdad que incomoda: que la justicia en México puede ser comprada, y que muchos de sus operadores ya no trabajan para el Estado de derecho, sino para el crimen.
Mientras las investigaciones avanzan —lentamente y bajo la sombra del miedo—, la sociedad mexicana enfrenta una dolorosa pregunta: ¿cuántos otros “Padrinos” hay ahí afuera, blindados por los mismos jueces que juraron hacer justicia.
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