“Nos toca hacerle frente a eso”: gobernador de Antioquia critica decreto de Petro sobre consulta popular Infobae
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, compartió su postura frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante un decreto presidencial, luego de que el Senado rechazara la propuesta.
Rendón manifestó preocupación por el curso que ha tomado esta iniciativa del Gobierno nacional, especialmente por las implicaciones institucionales que podría tener.
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El pronunciamiento del gobernador se produjo tras conocerse la intención del presidente de firmar un decreto que permitiría convocar a los colombianos a votar una serie de preguntas relacionadas con la reforma laboral.
Esta iniciativa legislativa fue archivada en el Congreso, tras una votación dividida, lo que llevó al Ejecutivo a señalar presuntas irregularidades en el trámite y, con base en ello, buscar una vía alternativa.
Rendón, desde el departamento que lidera, expresó su desacuerdo con la manera en que se pretende revivir la consulta. En su declaración señaló:
“Muy grave que el presidente desconozca el orden institucional y una institución con legitimidad como el Congreso de la República, elegido por más de 22 millones de colombianos”.
El mandatario departamental insistió en que es necesario mantener el respeto por las instituciones y por las decisiones que se toman en el marco del sistema democrático colombiano.
Desde su perspectiva, el anuncio presidencial representa un desafío para las autoridades regionales y para quienes defienden la institucionalidad. En ese contexto, el gobernador afirmó: “Nos toca a todos hacerle frente a eso, contener. Eso es lo que hemos hecho en Antioquia, desde incluso la misma campaña del 2023 y es lo que seguiremos haciendo, contener las arbitrariedades, el despotismo y todo rasgo dictatorial que quiera imponerse desde el Gobierno nacional”.
Esta posición no es nueva en Rendón, quien en su trayectoria política ha expresado reparos frente a las decisiones del Gobierno nacional. En sus intervenciones públicas ha reiterado que su administración continuará trabajando para que Antioquia conserve su autonomía frente a decisiones que, según él, podrían vulnerar la separación de poderes y los procedimientos establecidos en la Constitución.
El decreto anunciado por el presidente aún no ha sido expedido, pero se espera que esto ocurra en las próximas horas. La consulta, según cálculos de la Registraduría, tendría un costo superior a los 700.000 millones de pesos.
La iniciativa incluiría doce preguntas enfocadas en temas laborales, que son parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo.
Alrededor de este tema también se han generado reacciones por parte de otros líderes políticos. Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en sus redes sociales se refirió a la decisión presidencial como una muestra de ruptura institucional.
“Como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima. Lo que dijo Gustavo Petro hace poco minutos sobre convocar a la consulta popular por decreto, no sorprende, más bien ratifica su talante anti democrático”, indicó el mandatario local.
Además de Rendón y Gutiérrez, representantes de sectores gremiales y bancadas políticas de Antioquia también han manifestado su inquietud. Diversas organizaciones han solicitado mayor claridad sobre la fundamentación jurídica del decreto y han advertido que este tipo de acciones podría desencadenar recursos ante las cortes para evaluar su constitucionalidad.
El presidente Petro, por su parte, ha defendido su postura alegando que la negativa del Congreso a tramitar la consulta se basó en procedimientos irregulares. Según versiones del Ejecutivo, existirían elementos que justificarían acudir a la vía del decreto para garantizar que la ciudadanía pueda pronunciarse directamente sobre las reformas propuestas.
Hasta el momento, la mesa directiva del Senado ha respondido señalando que el archivo del proyecto fue realizado de acuerdo con las normas vigentes. No obstante, la Presidencia mantiene su posición y ha insistido en que existen fundamentos legales para proceder con la consulta.
El gobernador Rendón ha dicho que Antioquia continuará trabajando en defensa de la institucionalidad. Ha reiterado que su rol como mandatario departamental incluye señalar cuando, a su juicio, las decisiones del Gobierno central se apartan de lo que establece la Carta Magna.
La polémica generada por el anuncio presidencial ha profundizado las tensiones entre las autoridades nacionales y algunos mandatarios regionales. Se espera que en los próximos días se conozca el texto del decreto y, con ello, se definan los pasos a seguir por parte de los distintos actores involucrados.
En medio del debate, varios sectores políticos han indicado que es probable que este asunto llegue a instancias judiciales, dado el impacto que podría tener una consulta de esta naturaleza sin el respaldo legislativo. Por ahora, los cuestionamientos persisten y el país sigue atento a las decisiones que se tomen desde la Casa de Nariño.
