El incremento del reclutamiento de jóvenes por bandas criminales en el Magdalena genera preocupación: los enganchas con promesas de jugosos salarios Infobae
Organizaciones defensoras de derechos humanos han encendido las alarmas ante el crecimiento del reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de estructuras criminales que operan en el departamento del Magdalena, particularmente en el área de influencia de Santa Marta, Ciénaga y la Zona Bananera.
Los grupos señalados son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, actores armados ilegales que mantienen una disputa por el control territorial y las rentas criminales en esta región del Caribe colombiano. En medio de ese conflicto, jóvenes entre los 13 y 22 años estarían siendo incorporados a la fuerza o convencidos mediante promesas de pago para participar en actividades delictivas.
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Según información recopilada por la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, al menos 13 casos recientes han sido reportados en los que se ha identificado este tipo de prácticas. Los testimonios indican que los jóvenes, en su mayoría provenientes de zonas periféricas y en condiciones de alta vulnerabilidad social, son contactados con promesas de sueldos que oscilan entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos colombianos.
El fenómeno se estaría presentando especialmente en barrios marginados donde el acceso a educación, empleo y otras oportunidades es limitado. Algunos de los jóvenes involucrados estarían desescolarizados y enfrentarían dificultades económicas en sus hogares, lo que los hace más susceptibles a las propuestas de los grupos armados.
Una vez son reclutados, los jóvenes serían trasladados a campamentos donde reciben entrenamiento durante aproximadamente un mes. Solo después de completar esta fase, se les permitiría retomar contacto con sus familias. Esta modalidad, según han señalado actores humanitarios, plantea riesgos significativos tanto para la integridad física como para el futuro de los menores involucrados.
Ante esta situación, se ha solicitado una respuesta más decidida por parte de las autoridades locales. En particular, se ha instado al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, a implementar medidas efectivas dentro del plan integral de seguridad y convivencia. La expectativa es que, más allá de campañas pedagógicas, se adopten estrategias que contribuyan a reducir la deserción escolar y a ofrecer alternativas económicas que disminuyan la presión que empuja a los jóvenes hacia estos entornos ilegales.
La preocupación ha crecido debido a que el fenómeno parece estar intensificándose en el marco de la confrontación entre las estructuras armadas ilegales presentes en la región. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el incremento en los casos de reclutamiento juvenil representa un desafío urgente que requiere articulación entre el gobierno local, los entes nacionales y la sociedad civil.
