Diálogo Social, una ventana de oportunidad Excelsior

Armando Zúñiga SalinasEl diálogo entre empleadores y trabajadores ha probado ser una herramienta útil para resolver diferencias, construir consensos y abrir horizontes de desarrollo y bienestar.
Con la firma del memorándum para crear el Consejo Económico, Social y Ambiental la semana pasada, se da un paso importante hacia la institucionalización de ese diálogo.
No se trata de una ocurrencia, el Consejo que se impulsa es resultado de décadas de aprendizaje y cooperación, pero también del reconocimiento de los nuevos desafíos que enfrentamos como país.
La iniciativa surge en un contexto de tensión e incertidumbre, donde las políticas públicas enfrentan dificultades para traducirse en resultados duraderos.
Enfrentamos rezagos estructurales que afectan la productividad, la integración social y el empleo formal.
En paralelo, crecen los riesgos de polarización, debilidad institucional y desconfianza entre los actores.
Ante ese panorama, el diálogo social resulta estratégico.
Este tipo de mecanismos no es nuevo, su eficacia ha sido comprobada en diversos países donde han funcionado como foros de articulación entre sectores, capaces de transformar la pluralidad de intereses en propuestas viables de política pública.
Diversos análisis coinciden en que la efectividad de estos consejos depende de algunos pilares: una estructura bien definida; actores sociales con capacidad, confianza mutua entre ellos y credibilidad; y un gobierno dispuesto a considerar sus recomendaciones como insumo para decisiones relevantes.
Cuando estos factores convergen, el consejo puede actuar como espacio de innovación institucional.
En los últimos años, algunos temas relevantes han sido procesados con éxito gracias a esta interacción responsable entre los sectores productivos y el gobierno, particularmente en espacios coordinados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Existen también lecciones que advierten sobre los riesgos.
Cuando estos órganos carecen de autonomía, sus participantes no representan de forma sólida a sus sectores, o sus recomendaciones son sistemáticamente desoídas, pierden sentido y legitimidad.
Diseños desequilibrados o capturados políticamente pueden convertirlos en figuras decorativas.
En México, tenemos la oportunidad de aprender de esos casos.
El memorándum firmado por 32 organizaciones sindicales y empresariales constituye un cimiento plural y representativo.
Pero ahora viene lo más difícil: definir la estructura, funciones y hoja de ruta del Consejo.
Es crucial que se garantice su carácter tripartito, que se no pierda presencia la voz de las micro, pequeñas y medianas empresas, motor del empleo nacional, y que se respeten las diferencias sin imponer visiones hegemónicas.
También será necesario que el Consejo tenga temas propios, capacidad para generar análisis técnicos y una agenda de largo plazo que no se limite a reaccionar ante coyunturas.
El diálogo social debe convertirse en una práctica extendida, con consejos similares en los estados y regiones del país.
Esto no solo permitirá adaptar las soluciones a la realidad local, sino también fortalecer el tejido institucional desde lo territorial.
La descentralización del diálogo será fundamental para articular esfuerzos con los gobiernos estatales y municipales, y para integrar a sectores que a menudo quedan fuera de las discusiones nacionales.
Los retos son muchos como la desaceleración económica, la informalidad laboral, el rezago en la productividad, los desequilibrios fiscales, la transición energética, la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, la incertidumbre jurídica, entre otros.
El Consejo Económico, Social y Ambiental puede convertirse en un instrumento de gobernanza participativa.
No solo para prevenir conflictos, sino para anticiparse a ellos.
No solo para resolver tensiones laborales, sino para trazar una visión del desarrollo para México.
Hoy, se nos ofrece una nueva ventana de oportunidad.
Como ocurrió hace tres décadas con la Nueva Cultura Laboral, hoy también es posible forjar un nuevo pacto por el futuro.
Uno que ponga al centro la dignidad del trabajo, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la corresponsabilidad de los actores económicos.
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