NPR demanda a Trump por decreto que suspende su financiamiento público Excelsior

Diego Morato | AFPLa Radio Pública Nacional (NPR) de Estados Unidos presentó una demanda este martes para solicitar la suspensión del decreto del presidente Donald Trump que interrumpe su financiación y la de la cadena de televisión PBS.
 En su demanda, la NPR argumenta que la orden de Trump viola el principio de separación de poderes establecido en la Constitución de Estados Unidos, ya que es el Congreso, no la Casa Blanca, el que controla el manejo de los fondos federales.
 NPR y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS) se financian con fondos públicos estadunidenses y donaciones privadas.
 Desde que regresó al poder, en enero, Trump ha lanzado ataques y críticas contra los principales medios de comunicación estadounidenses, alegando que no son imparciales y son "enemigos del pueblo".
 A principios de este mes, el magnate republicano firmó un decreto que ordena a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP), que aporta fondos a la NPR y PBS, dejar de financiar a esas cadenas.
 El gobierno de Trump considera que esos medios "han alimentado el partidismo y la propaganda de izquierda con dinero de los contribuyentes".
 El presupuesto de la CBP fue aprobado por el Congreso hasta 2027, lo que plantea dudas sobre el alcance de la orden de Trump.
  Según la NPR, el decreto de Trump también viola la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda constitucional.
 "La intención es clara: el decreto busca castigar a NPR por el contenido de noticias y otros programas que desagradan al presidente", declaró la directora ejecutiva de NPR, Katherine Maher, en un comunicado.
  "Defendemos los derechos constitucionales, la libertad de prensa y un público informado", añadió Maher.
 La directiva calcula que 43 millones de personas en Estados Unidos escuchan los programas de NPR cada semana.
 PBS estima que 36 millones ven mensualmente sus programas de televisión en una emisora local.
 El gobierno de Trump tomó medidas para recortar drásticamente el gasto público, despidiendo a decenas de miles de funcionarios en diversos departamentos, en muchos casos sin preaviso.
 También, puso en la mira al sector de radiodifusión estadounidense en el extranjero al desmantelar la agencia gubernamental USAGM.
 Esa agencia supervisa dos organizaciones federales: la Voz de América y la Oficina de Transmisiones para Cuba, a cargo de Radio y TV Martí, además de otras emisoras como Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia o Middle East Broadcasting Networks.
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