Paloma Valencia “Todo parece indicar que la pensional la destrabaron los dineros corruptos de la Unidad del Riesgo” Infobae
En una reciente columna de opinión, la senadora Paloma Valencia refutó las afirmaciones del constitucionalista Rodrigo Uprimny en torno a la tramitación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional. Uprimny, que intervino ante la Corte Constitucional, sostuvo que la oposición habría bloqueado la discusión de la iniciativa durante más de siete meses y, por tanto, no podría exigirse que se cumplieran los tiempos y debates requeridos por la ley para su aprobación. Según este enfoque, la reforma no debería ser declarada inconstitucional, a pesar de presuntas irregularidades en el trámite.
La congresista del Centro Democrático consideró equivocado dicho argumento y defendió el derecho de la oposición a utilizar mecanismos legales de obstrucción como herramienta legítima dentro del ejercicio democrático. Recordó que el ordenamiento jurídico colombiano contempla recursos institucionales, conocidos como “guillotinas legislativas”, diseñados para limitar y superar dichas estrategias cuando sea necesario.
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Valencia señaló que las ponencias de la reforma pensional fueron radicadas en octubre de 2023, pero su discusión solo fue anunciada en diciembre del mismo año. Durante ese lapso, según la senadora, la presidencia del Senado fue ejercida en múltiples sesiones por integrantes del oficialismo, lo que a su juicio desmiente la tesis de que la oposición habría tenido el control de la agenda legislativa para impedir el debate. También indicó que el Gobierno y su bancada no intentaron incluir la reforma en el orden del día, lo que atribuyó a la falta de mayorías en ese momento.
Frente a las acusaciones de haber roto el quórum para frenar la discusión, Valencia recalcó que la oposición no contaba con los votos suficientes para impedir el avance de la iniciativa por sí sola. Argumentó que el quórum solo puede ser vulnerado si las mayorías parlamentarias lo permiten, por lo cual consideró injusto responsabilizar exclusivamente a los partidos opositores.
La senadora afirmó que la demora en la tramitación obedeció principalmente a tensiones entre el Gobierno y las bancadas mayoritarias, que habrían presionado para obtener concesiones antes de respaldar el proyecto. En abril de este año, el Ejecutivo habría alcanzado un acuerdo con el Partido Liberal que modificó varios puntos clave de la reforma, lo que permitió su aprobación en dos sesiones posteriores.
Valencia también llamó la atención sobre el hecho de que las condiciones bajo las cuales se destrabó el proyecto actualmente están siendo investigadas por la Corte Suprema de Justicia. Según planteó, existen indicios de que recursos públicos vinculados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo podrían haber influido en la consolidación de las mayorías requeridas para la votación.
“Cabe anotar que la naturaleza de los acuerdos que dio lugar a la votación hoy está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia. Todo parece indicar que la pensional la destrabaron los dineros corruptos de la Unidad del Riesgo”, señaló.
Finalmente, la congresista defendió el uso de herramientas como las proposiciones legislativas y las audiencias públicas, señalando que son parte esencial del trabajo parlamentario. En su opinión, acusar a la oposición de usar estos instrumentos para dilatar el trámite de una reforma es desconocer el papel que cumple el Congreso en el equilibrio de poderes y en el control al Ejecutivo.
“Tampoco es cierto como sostiene el doctor Uprimny que presentar proposiciones y audiencias públicas sea motivo para reprochar la oposición. Todos los congresistas tenemos derecho a presentar proposiciones y todos los proyectos significativos siempre tienen y deben tener audiencias públicas. Claro que sirven como mecanismo de obstrucción, y de negociación, pero como lo hemos dicho, obstruir es legítimo, válido y es el mecanismo más importante de la oposición para lograr frenar proyectos que considere inconvenientes. Censurar al Congreso y pretender convertirlo en el notario del Gobierno, es no valorar debidamente los frenos y contrapesos propios del Estado de derecho”, concluyó.
