A Ángela María Buitrago también la habrían presionado para detener una extradición y autorizar la exportación de sustancias controladas Infobae
Tres días después de que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentara su renuncia al presidente Gustavo Petro tras denunciar presiones de Armando Benedetti, ministro del Interior, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, se conocen nuevos detalles de las motivaciones de la saliente funcionaria para dejar su cargo.
En una columna publicada en la revista Cambio, el periodista Daniel Coronell denunció otras graves presiones que enfrentó la ministra antes de su carta de dimisión.
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Coronell explicó que conoció personalmente a Buitrago cuando esta era fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y que, en un proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por injuria y calumnia agravadas, ella fue su abogada hasta que aceptó el Ministerio de Justicia, hace menos de un año. Tras asumir el ministerio, renunció a su representación.
Según lo expresado por Coronell, detrás de la renuncia de la ministra no solo hubo presiones burocráticas. La funcionaria también habría tenido que sortear con la influencia de congresistas de la bancada de Gobierno para autorizar, presuntamente, la exportación irregular de una sustancia controlada a Cuba, además de la presión para que emitiera un concepto jurídico desfavorable para impedir una extradición.
Según se conoció, el 23 de abril, durante un debate en el Congreso sobre la jurisdicción indígena, la ministra habría sido contactada por la senadora Gloria Flórez, presidenta del Partido Colombia Humana, que en ese momento estaba acompañada por Ailene Díaz Estévez, gerente de la empresa cubana Tecnosuma.
Según la columna de Coronell, las dos mujeres le habrían solicitado a Buitrago la autorización para exportar cloruro de calcio dihidrato, una sustancia controlada por la ley debido a su uso como precursor para la producción de cocaína, y que para su exportación debe cumplir requisitos legales rigurosos.
En ese momento, Buitrago habría explicado que la ley no contemplaba excepciones, a pesar del argumento humanitario de la gerente cubana y la intervención posterior de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, que insistió en la urgencia del envío para “salvar vidas”. La ministra rechazó firmar una decisión contraria a la ley y no aceptó las presiones.
Según el mensaje revelado por Coronel, después del encuentro con la senadora Flórez, la directora del Dapre reenvió un texto escrito, al parecer, por la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, solicitando con premura la aprobación de las exportaciones, a pesar de que se debía violar una de las normas colombianas, pues la gerente cubana explicó que Tecnosuma no podía exportar directamente el químico debido al temor a sanciones derivadas del bloqueo económico, por lo que compraban localmente y encargaban la exportación a terceros, un movimiento prohibido para las suntancias controladas.
“Si le preguntan, como me preguntó la ministra, ¿por qué el proveedor no lo exporta directamente?, la respuesta es que por temor a las sanciones del bloqueo no hace exportaciones directas a Cuba, por ello Tecnosuma se encarga de la compra local y exportación, sin embargo, el producto viaja directo al aeropuerto sin que Tecnosuma lo almacene o maneje. Angie no olvides lo de Cuba por favor, ellos lo necesitan para salvar vidas. Es la firma de la ministra”, y “Me dice la senadora Isabel Zuleta”, fueron los dos mensajes enviados por WhatsApp a Buitrago por parte de la directora del Dapre.
Además, el 13 de mayo, la ministra habría encontrado un “concepto desfavorable” para una extradición que pretendían que ella firmara. El documento, preparado no por un abogado, sino por la politóloga María Paz Lara de la oficina del comisionado de paz, buscaba evitar la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, jefe de la disidencia guerrillera Comuneros del Sur.
Según Coronell, el presidente Gustavo Petro había celebrado la rebeldía de este grupo contra el ELN y la firma de un acuerdo de paz, pero la DEA, con la cooperación internacional de Estados Unidos, tiene pruebas de que alias HH es un capo del narcotráfico.
La Corte Suprema de Justicia aprobó su extradición el mes pasado, y la ministra no tenía facultades para emitir un concepto jurídico que disfrazara una decisión política.
Coronell concluyó que estas dos situaciones, junto con otras no reveladas, explicarían por qué Ángela María Buitrago se volvió incómoda para ciertos sectores dentro del Gobierno y motivaron su renuncia.
