¡Se buscan nuevos trabajos en el derecho administrativo! Heraldo de Aguascalientes

Alfredo Delgadillo López

El AI Center of Excellence de Onit Inc., en Auckland, Nueva Zelanda (empresa tecnológica especializada, entre otros temas, en soluciones para la gestión legal) presentó un estudio llamado «Better Bill GPT: Comparando Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) con Revisores Humanos de Facturas Legales”, el cual demuestra empíricamente la superioridad de los LLMs frente a los juristas humanos —no es redundancia— en la revisión de documentos que detallan con precisión las actividades realizadas por cada abogado humanos. Se evalúan tres aspectos: precisión, eficiencia en tiempo y costo.

Estos documentos contienen el trabajo realizado por abogados, asistentes legales u otros profesionales del derecho, y desglosan actividades, horas trabajadas, tarifas aplicables y gastos reembolsables. Y en ellos pudimos encontrar que los LLMs superaron a los abogados humanos en todas las métricas, incluso a los de más experiencia. Por ejemplo: en la precisión en la toma de decisiones jurídicas y administrativas. Además, los humanos tardaron entre 195 y 317 segundos por factura; los LLMs entre 3.6 y 21 segundos, siendo hasta 80 veces más rápidos. Por último, los humanos costaron entre $4.17 y $4.47 USD por factura; los LLMs entre $0.00 y $0.13 USD, lo cual representa un ahorro de más del 99%.

Ahora bien, un punto a favor para los abogados —por fin—, cierta discrecionalidad humana puede mejorar la precisión en algunos casos.

Para entender este lenguaje técnico, Erik Alejandro Grifaldo Maldonado, Ingeniero en Computación por la UNAM y con estudios en Derecho me ha explicado que el procesamiento de lenguaje natural (PLN) es una rama de la Inteligencia Artificial (IA) que se encarga de analizar, comprender y generar lenguaje humano de forma que un software puede interpretarlo y responder de manera precisa, pues su objetivo es permitir que las máquinas interactúen con las personas a través de un lenguaje en común. Y, en ese sentido, que un LLM (modelo de lenguaje extenso) es una parte del PLN y que funciona como un asistente que ha leído millones de libros, leyes, artículos y conversaciones, y que puede ayudar a redactar textos, revisar documentos o responder preguntas complejas. Es decir, a partir del lenguaje humano pueden hacer tareas que normalmente requieren mucho tiempo y conocimiento.

¿Qué debemos de considerar los abogados?

Advertir que la realidad social es novedosa porque abarca escenarios de tecnología digital donde estamos en todo momento vinculados la sociedad, el derecho, la tecnología y el gobierno. Por lo tanto, considerar que el derecho tiene que ser la herramienta que permita que estas relaciones digitales entre estos actores, sigan cumpliendo sus finalidades.

También, estar convencidos de que, a pesar de que las tecnologías van pasos adelante del derecho y la distancia se hace más grande cada vez con mayor velocidad, los esfuerzos de los juristas deben de multiplicarse para dar certeza jurídica y soluciones a estos escenarios ambiguos, pues es verdad que con mayor frecuencia las tecnologías digitales influyen en la vida de los seres humanos, en sus relaciones sociales, laborales, económicas y hasta políticas.

Y que el Derecho, como ciencia social, no puede permanecer ajeno a esta transformación digital, pues se enfrenta a la tarea crucial de adaptarse y evolucionar para abordar las problemáticas que surgen en el ciberespacio, por ende, hay que tener como punto de partida sus principios generales con el fin de garantizar tanto la protección de los derechos como la preservación del Estado de derecho en estos escenarios desconocidos.

¿Qué debe de considerar el Estado?

Que en esta época las relaciones entre la población y el gobierno son más inmediatas, transparentes, accesibles y dinámicas, además, es factible que mejoren estas características, por lo tanto, surgen escenarios inéditos con consecuencias jurídicas que necesitan ser adaptadas a la nueva realidad. Es decir, la legislación de lo público y la tecnología se unen para mejorar el Estado de derecho, el desarrollo de la sociedad y aproximarse con mayor facilidad al interés general.

Que, si quiere estar al servicio de las personas en estos tiempos, tienen que usar tecnologías para:

1. Mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
2. Orientar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública.
3. Transparentar al sector público y facilitar la participación de los ciudadanos.
4. Reducir la brecha digital.
5. Disminuir plazos de respuesta.
6. Avanzar paralelamente a la tecnología poniendo a las personas y al interés general como el punto de partida.

Y, por último, que la relación entre el derecho administrativo y la IA es una oportunidad para modernizar y mejorar la administración pública, pero también se presenta como un desafío que requiere una adaptación significativa del marco legal y regulatorio existente para garantizar un uso ético, transparente y responsable de la IA en el sector público.

Por eso estoy seguro que la única solución es que los administrativistas nos transformemos para poder adaptarnos a estos tiempos, de lo contrario, seremos innecesarios. En el futuro, o mejor dicho, desde ya, debemos de crearnos nuevos trabajos. Está en nuestras manos todavía.

¿Y cuáles son estos nuevos trabajos?

Para lograr que las tecnologías digitales que implementen las administraciones públicas estén al servicio de los derechos humanos, debemos adaptar el derecho administrativo a esta nueva realidad si no queremos que muera, por eso se necesita que los administrativistas tengamos una metamorfosis en nuestros trabajos, pues la realidad nos necesita. Podemos estar vigentes con estos nuevos trabajos:

1. Entrenadores de algoritmos. Solamente los administrativistas conocemos los problemas del lenguaje en el derecho administrativo y solamente nosotros sabemos cómo limpiarlo, por eso es necesario que entrenemos algoritmos para que, posteriormente, regulemos con principios de derecho administrativo los entornos digitales donde interactúan los gestores de lo público sin los problemas con que nació y se desarrolló esta disciplina.
2. Intérpretes de programación. Hay que acercarnos a expertos de otras áreas y aprender de ellos para hablar el mismo lenguaje con el fin de que los juristas sepamos interpretar los diversos tipos de programaciones informáticas y sirvamos de traductores de lo jurídico a los ingenieros en software en las funciones periciales informáticas. Así, podemos generar sistemas inteligentes que garanticen el respeto a los derechos. El abogado puede explicar los problemas del derecho administrativo para que no se trasladen a la programación de sistemas de IA y que no se sacrifiquen los derechos humanos a cambio de las tecnologías más avanzadas, solamente este equipo que hable el mismo lenguaje puede lograr ese equilibrio.
3. Asesores jurídicos digitales de las administraciones públicas para advertir ventajas y riesgos de ceder soberanía y compartir información privada y datos de los ciudadanos a cambio de tecnología a los monopolios tecnológicos. Ante la inexistencia de estándares internacionales para regular IA, el administrativista digital tiene que ser ese equilibrio entre soberanía, derechos humanos e innovación digital.
4. Auditores de algoritmos para mitigar riesgos de su implementación.

Me despido con estas reflexiones:

Cuando las normas son ambiguas, es necesario utilizar un raciocinio jurídico humano sobre la justicia, seguridad, ponderación de derechos y valores, basados en la formación y percepción de la realidad de cada persona involucrada en cada situación jurídico – administrativa. El derecho administrativo, en muchas ocasiones, no surge únicamente de la lógica normativa, sino de la ponderación prudente entre valores en conflicto, por ende, es menester entrenar hasta perfeccionar el lenguaje y los algoritmos que se implementarán para aplicar IA.

La IA tiene un enorme potencial para satisfacer nuestras necesidades públicas, pues ayuda a las administraciones a superar desafíos como la subjetividad, la sobrecarga de trabajo, la delegación excesiva y la falta de transparencia. No obstante, la IA tiene limitaciones importantes: no puede reemplazar el juicio prudente de los juristas ni participar en la deliberación interna de cada decisión que afecta lo público, ni ponderar derechos ni intervenir en el debate sobre los valores en conflicto ni distinguir entre lo justo e injusto. Mucho menos entender las ambigüedades del lenguaje con el que nace y se ha desarrollado el derecho administrativo ni los contextos normativos que le dan tanta discrecionalidad a los poderosos a través de reglamentos que nadie entiende.