Multas por no tramitar la libreta militar: esto dice la ley sobre sanciones económicas y restricciones Infobae
En Colombia, todos los hombres mayores de edad deben definir su situación militar, un requisito legal que implica obtener la libreta militar.
Este documento certifica si una persona ha cumplido, ha sido eximida o ha sido reservada respecto al servicio militar obligatorio.
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Aunque algunas personas lo consideran un simple trámite, la legislación colombiana contempla implicaciones legales y económicas por no realizar este proceso dentro del plazo establecido.
La ley establece que, desde los 18 años, los ciudadanos están en la obligación de iniciar el proceso para resolver su situación militar.
Esto puede hacerse presentándose a una convocatoria del Ejército, solicitando una exoneración o realizando el trámite correspondiente para obtener la libreta, ya sea en calidad de reservista o como no apto.
Si no se cumple con este requerimiento, se pueden enfrentar distintas restricciones de tipo administrativo.
Entre las consecuencias se encuentra la imposibilidad de acceder a ciertos derechos civiles y laborales. Por ejemplo, no definir la situación militar puede impedir graduarse de programas universitarios, ser contratado por entidades públicas o privadas que exijan este requisito, postularse a concursos del Estado o aspirar a cargos de elección popular. En algunos casos, también puede restringirse la salida del país o la expedición del pasaporte.
Aunque no existen sanciones penales o de tránsito exclusivamente por no portar la libreta militar, sí se contemplan sanciones económicas según la normativa vigente. La Ley 1861 de 2017 regula el proceso de reclutamiento y establece que quienes evadan el servicio militar o no se presenten a resolver su situación dentro del tiempo estipulado pueden recibir multas.
Posteriormente, en julio de 2023, se sancionó la Ley 2341, conocida como “Tu Libreta Militar Ya”. Esta normativa refuerza las obligaciones relacionadas con el trámite de este documento e introduce un conjunto de medidas para garantizar su cumplimiento.
De acuerdo con esta ley, los ciudadanos que no gestionen su situación militar en los tiempos señalados estarán sujetos a sanciones económicas proporcionales a sus ingresos.
Las multas oscilan entre el 5 % del salario mínimo legal vigente, para quienes no reporten ingresos, y hasta el 50 % para quienes devenguen más de cuatro salarios mínimos. Estas sanciones buscan fomentar el cumplimiento de un deber legal y facilitar el control del proceso por parte del Estado.
La Ley 2341 también incluye medidas de modernización. Establece que la libreta militar será entregada sin costo a quienes ya hayan definido su situación y que estará disponible tanto en formato físico como digital.
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Adicionalmente, fija un plazo máximo de 30 días calendario para la entrega del documento una vez finalizado el proceso, lo que busca reducir los tiempos de espera que tradicionalmente se han presentado.
Otra innovación importante incluida en esta ley es el desarrollo de un sistema en línea que permita a los ciudadanos hacer seguimiento al estado de su trámite. Esta plataforma debe permitir conocer el avance del proceso y gestionar las etapas requeridas desde cualquier lugar del país, facilitando el acceso a quienes residen en zonas alejadas o no pueden asistir presencialmente a los distritos militares.
Aunque el incumplimiento no genera antecedentes judiciales ni sanciones penales, la acumulación de multas y las restricciones administrativas pueden representar obstáculos significativos para el desarrollo académico, laboral y personal de los ciudadanos.
Las autoridades han reiterado que definir la situación militar no solo es una exigencia legal, sino también un requisito para la participación plena en distintos ámbitos de la vida pública.
Además, recordar que el Estado está obligado a garantizar que el proceso se realice con celeridad y sin cobros adicionales, como lo establece la ley vigente.
Por tanto, iniciar oportunamente el trámite y cumplir con los requerimientos legales puede evitar complicaciones posteriores y sanciones económicas que pueden aumentar con el tiempo si no se atienden.
