Gremio de transportistas exige cadena perpetua y tribunales sin rostro para frenar ola de extorsiones: “Nos ponen cifras astronómicas y nos quiebran” Infobae
En medio de una creciente crisis de inseguridad que afecta al transporte público en todo el territorio nacional, la Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú (CONET) alertó que las bandas criminales mantienen bajo amenaza a sus afiliados con cobros ilegales y actos violentos. Representantes del gremio señalaron que estas organizaciones exigen montos exorbitantes a cambio de no atentar contra la vida de conductores y propietarios de unidades, lo que ha provocado graves pérdidas económicas y, en algunos casos, el cierre de empresas.
Durante su participación en RPP Noticias, Julio Raurau, presidente de la CONET, y Ramón Rubí, encargado de la defensa gremial, exigieron medidas contundentes para enfrentar esta problemática. Ambos plantearon que se retomen disposiciones similares a las aplicadas en la lucha contra el terrorismo, como la cadena perpetua y los tribunales sin rostro, argumentando que jueces y policías son amenazados por las mafias y que muchos detenidos recuperan la libertad en poco tiempo.
Exigen sanciones drásticas y coordinación entre autoridades
Raurau sostuvo que las reuniones sostenidas con autoridades del Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial no han dado resultados concretos. Afirmó que existe un desencuentro entre el Poder Judicial y la Policía Nacional, lo que facilita que los integrantes de organizaciones criminales sean liberados tras ser capturados. “Oiga, si están deteniendo una banda, pónganse de acuerdo”, reclamó, advirtiendo que la población se siente desprotegida y expuesta a un clima de violencia que no solo afecta al transporte, sino también a comercios y trabajadores informales.
El dirigente indicó que la magnitud de las extorsiones varía, pero en algunos casos superan los 40 o 50 mil soles. Añadió que hay empresas que deben pagar a más de una banda criminal al mismo tiempo, dependiendo de las rutas que cubran. Esta situación ha llevado a la quiebra a varias compañías que adquirieron buses financiados, sin poder cumplir con las cuotas debido a la presión económica impuesta por las mafias.
Reclamo por discriminación y uso de recursos policiales
Durante la entrevista, Raurau denunció una presunta discriminación en la asignación de protección policial, afirmando que los corredores complementarios reciben resguardo permanente, mientras que las empresas de transporte urbano convencional no cuentan con el mismo respaldo. Según dijo, el Estado prioriza labores de fiscalización y recaudación, aplicando papeletas “fantasmas” que afectan aún más la estabilidad financiera del sector.
Por su parte, Rubí cuestionó la distribución de efectivos policiales, señalando que un número considerable de agentes es destinado a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que reduce la capacidad de patrullaje para enfrentar la criminalidad. En una reunión con el Ministerio del Interior, dijo, se había acordado que todos los policías en las calles portarían uniforme completo como medida disuasiva, pero el compromiso no se ha concretado.
Delincuentes modifican métodos de ataque
Rubí explicó que las medidas adoptadas por las autoridades para reducir la violencia contra transportistas no han sido efectivas, ya que las bandas adaptan sus métodos. Recordó que, en respuesta a los asaltos cometidos por motociclistas, se dispuso el uso de chalecos retrorreflectantes para facilitar su identificación, pero los delincuentes cambiaron de estrategia: ahora abordan las unidades, disparan y descienden rápidamente.
El dirigente señaló que la recaudación de los cupos proviene directamente de las empresas, cuyos propietarios y choferes son amenazados si no cumplen con los pagos. Indicó que, en esta coyuntura, el trabajo conjunto de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso es urgente para evitar más víctimas y frenar la expansión de estas redes delictivas.
Paros y advertencias del gremio
Raurau recordó que el pasado 10 de abril la CONET realizó un paro nacional para exigir soluciones a la crisis de inseguridad, lo que llevó a reuniones con altos funcionarios que no derivaron en acciones concretas. Anunció que el gremio está evaluando nuevas medidas de protesta si no se implementan políticas claras y coordinadas para frenar la violencia.
Los dirigentes advirtieron que las extorsiones no solo golpean a las empresas de transporte, sino a diversos sectores, desde pequeños comerciantes hasta propietarios de negocios de comida, boticas y mototaxis. “Nos han sentenciado a pena de muerte a los peruanos”, expresó Raurau, resaltando que los crímenes se cometen con total impunidad y sin respuesta efectiva por parte del Estado.
