Millonario negocio en IVEY Sol Yucatán
- Una red de corrupción bien aceitada opera desde las entrañas del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, donde funcionarios de alto nivel se valen de su cargo para hacer negocio con el hambre de techo de las familias pobres.
Redacción/Sol Yucatán
Una red de corrupción bien aceitada opera desde las entrañas del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), donde funcionarios de alto nivel se valen de su cargo para hacer negocio con el hambre de techo de las familias más pobres. En el epicentro del escándalo aparece el nombre de Gabriela Alarcón Méndez, directora técnica del Instituto, a quien señalan por dirigir personalmente operaciones de invasión y despojo de terrenos en la zona sur de Mérida.
La historia de Alarcón Méndez es la de una funcionaria que, lejos de procurar el acceso digno a la vivienda, ha convertido los terrenos del IVEY en moneda de cambio. De acuerdo con múltiples testimonios recabados por Sol Yucatán, no solo asesora a familias para invadir predios, sino que les entrega dinero en efectivo para que permanezcan ahí. ¿El objetivo? Facilitar la invasión, gestionar los papeles internamente y luego vender los terrenos por su cuenta, obteniendo jugosas ganancias.
Todo el proceso se camufla bajo un supuesto programa de ayuda social. Pero la realidad es otra: una estructura delictiva que opera con total impunidad, protegida por el silencio institucional y las conexiones políticas de la funcionaria. Es una maquinaria que mueve millones, mientras deja en la calle a las familias cuando ya no resultan “útiles” para el negocio.
Una de las historias más reveladoras ocurrió en la colonia Emiliano Zapata Sur 3, donde decenas de predios fueron ocupados con el aval de Alarcón. Las familias, muchas encabezadas por mujeres solteras o personas mayores, recibieron promesas de regularización y futura propiedad. Pero en cuanto la funcionaria tuvo listos sus movimientos, los predios fueron desalojados, revendidos o asignados a otros beneficiarios, a espaldas de los ocupantes originales.
Pero el descaro va más allá. Apenas hace dos meses, la propia Gabriela Alarcón encabezó un desalojo en la zona de Caucel. Las familias, que llevaban meses viviendo en el lugar, fueron sacadas a la fuerza con el argumento de que los terrenos serían entregados a la Secretaría de Educación para la construcción de una preparatoria. Lo que no se dijo públicamente es que ella misma habría alentado esa ocupación desde un inicio. Cuando ya no le resultó redituable, simplemente los echó.
El patrón se repite.
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