Cerro de la campana El Imparcial
Por voz y voto luchan los familiares de personas desaparecidas ante el grave problema que sigue creciendo en México, el cual conocen más que cualquier Gobierno sea municipal, estatal o federal.
En este momento hay más de quince aspirantes que participan en el proceso que realiza el Senado para ser parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que estará conformado por cinco familiares, cuatro especialistas en derechos humanos y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil. A cargo de esta tarea está la comisión de Gobernación, presidida por la senadora Margarita Valdez.
Los familiares y activistas que aspiran a integrarse a este nuevo órgano destacan que es positivo que exista una ley en materia de desaparición de personas, pero ven necesario atender otros aspectos que inciden en la labor de búsqueda de personas como la aplicación de sanciones ejemplares a los servidores públicos que entorpezcan el trabajo de los colectivos de buscadores e incumplan con su responsabilidad, también consideran importante capacitar a la gente sobre sus derechos para que lo exijan a los ministerios públicos y otros funcionarios.
Se ha planteado que la definición de los posibles integrantes de este Consejo será a más tardar este 15 de agosto para que quede resuelto antes de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Diversos reportes de organizaciones como Amnistía Internacional y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia indican que en el País hay más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, y les preocupa que en los últimos meses el caso de mujeres se ha incrementado en 30%.
La desaparición de personas es preocupante y hay quienes consideran que las acciones del Estado mexicano son insuficientes para frenar este problema visto ya como una “crisis humanitaria”.
A partir de mañana se reactivarán las oficinas gubernamentales porque hoy finaliza el periodo vacacional de verano de la burocracia municipal, estatal y federal en Sonora y el País. Aunque la actividad no se detuvo en áreas de seguridad, salud y otros servicios esenciales, a los servidores públicos les espera mucho trabajo especialmente en áreas como la educación con el inicio del ciclo escolar para todos los niveles educativos.
Otra tarea que traerá el gobernador Alfonso Durazo y los 72 presidentes municipales es la preparación de sus informes de Gobierno, que rendirán en septiembre próximo, así como el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado. En estos meses se prevé también mucha actividad y cautela en el sector privado porque ha sido un año retador por la incertidumbre económica que desatada por los aranceles aplicados y los anunciados del presidente Donald Trump a los productos mexicanos.
Todo hace indicar que la economía familiar le ha pegado al turismo, es lo que explican los que saben por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) turístico, que fue del 1.21% a tasa anual, en el primer trimestre de este año. México ha tenido una fuerte presencia de turistas extranjeros, pero los analistas señalan que la debilidad económica ha repercutido en que se contraiga el turismo interior, que es mayor a los visitantes que llegan de otras naciones.
La baja en el PIB turístico, dicen, se debe tomar en cuenta porque es el peor resultado que se ha tenido en 16 trimestres desde 2021 cuando se desplomó en 25.20% anual en los tiempos de la pandemia. Es la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quien debe dar cuentas de las estrategias para impulsar este sector relevante para la economía nacional.
