Final de curso amargo para Pedro Sánchez: el Congreso estropea su ‘paseíllo’ pese a posponer la reducción de jornada y la ‘ley Bolaños’ para no arriesgarlas Infobae
El Gobierno cierra el curso con una nueva derrota parlamentaria debajo del brazo, que podría haber sido aún mayor al posponer para después del verano la votación sobre otras dos importantes medidas: la reducción de la jornada laboral y la ley de acceso a la carrera judicial, sin apoyos suficientes en la Cámara Baja. Lo que Moncloa dibujaba como un paseíllo antes del parón veraniego, y una exhibición de fuerza en el Congreso tras el caso Cerdán, quedó opacado por la caída del real decreto-ley de medidas antiapagón.
Sí logró sacar adelante otras dos medidas relacionadas con las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, y con la declaración de eventos culturales como de interés público, en ambos casos con el voto a favor del PP. Asimismo, el pleno escoba extraordinario también avaló las dos propuestas de reforma del reglamento del Congreso, una de ellas para introducir un lenguaje inclusivo, y otra para regular la actividad de los periodistas parlamentarios y ampliar los casos de voto telemático.
Además, el Congreso dio luz verde definitiva a la exención del IRPF al SMI, dentro del Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor; la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública; y la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en materia de vivienda, que tenían pendientes la votación de enmiendas llegadas del Senado.
Aunque el Gobierno trata de poner el foco en que logró sacar adelante siete de las ocho votaciones, tanto la jornada de este martes como los días previos evidencian la dificultad que atraviesa el Ejecutivo para legislar, especialmente con asuntos de calado, como es el caso de la norma para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón masivo del 28 de abril. Todo ello a pesar de que está avalada por las eléctricas, pero también por organizaciones ecologistas como Greenpeace.
Ni la mayoría de los aliados de investidura (Junts, Podemos, BNG y Chunta Aragonesista) ni el PP, comodín cuando el primer bloque se resquebraja, dieron al Gobierno el gusto de hacer pleno, que insiste en volver a llevar las medidas al Consejo de Ministros. La iniciativa, consensuada con el sector, contempla medidas para reforzar el control y supervisión del sistema eléctrico, reducir la burocracia para proyectos renovables e impulsar la electrificación.
Este último pleno llegaba tras la comparecencia del presidente el pasado 9 de julio en el Congreso, donde anunció medidas de lucha contra la corrupción tras el caso Cerdán. En esa cita, el Gobierno salió airoso, ya que sus socios le concedieron un nuevo balón de oxígeno, aunque también le favoreció la actitud del PP. De cara al pleno de este martes, el Gobierno tenía intención de acelerar otras dos importantes normas, pero se vio obligado a posponerlas para que no cayeran en saco roto.
Nuevo toque de atención de Junts
Una de ellas es la reducción de la jornada laboral, que está pendiente de encarar el debate de totalidad. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, optó por dar más margen a la negociación con la formación de Carles Puigdemont y declinó incluirla en el orden del día. Por otro lado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, hizo lo propio con su polémica ley de acceso a la carrera judicial, la cual ha cosechado, junto a otra reforma del Ministerio Fiscal, una histórica huelga de jueces y fiscales. También necesita el apoyo de Junts, formación que ha elaborado una amplia lista de peticiones para apoyarla en el Congreso, como la creación del Consell de Justicia de Catalunya (CJC), esto es, una suerte de CGPJ catalán, o la supresión de la Audiencia Nacional.
Por su parte, el partido independentista volvió a llamar la atención al Ejecutivo este martes, dándole además la espalda por enésima vez a través de su rechazo en dos votaciones. Además del decreto antiapagones, los independentistas votaron en contra de la iniciativa sobre las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, que salió adelante gracias al apoyo del PP. La portavoz independentista, Míriam Nogueras, reiteró que el respaldo de su formación al Gobierno no está garantizado si no se cumplen los pactos alcanzados.
Durante su intervención en el pleno, Nogueras volvió a dar un tirón de orejas al Gobierno al asegurar que los votos de Junts “no son un cheque en blanco” y exigió a los de Pedro Sánchez que respeten los compromisos firmados con la formación catalana. También, criticó la estrategia del Ejecutivo de llevar las negociaciones “al límite”, lo que, según afirmó, somete a los grupos parlamentarios a “chantaje y presión”.
Este nuevo episodio da alas al PP en su estrategia de dibujar un Gobierno derrotado. Los de Alberto Núñez Feijóo achacaron la caída del decreto antiapagones a una “derrota total” y señalaron que “Sánchez tuvo votos para llegar, pero no tiene votos para seguir”, por lo que se reafirman en su petición de una convocatoria inmediata de elecciones.
Frente a esta imagen, Sánchez ratificó su intención de acabar la legislatura. “Si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal”, afirmó en una rueda de prensa en Uruguay, donde arremetió contra el PP tras su voto en contra al decreto ‘antiapagones’ por hacer en su opinión “todo menos política” y votar en contra del interés general. En su opinión, la acción de los populares “no lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles”. Pese a esta derrota, el PSOE trata de restar importancia al destacar que ya han sido aprobadas 42 leyes en menos de dos años de legislatura. La realidad es que el Gobierno resiste, aunque legisla a ralentí por la complejidad de combinar las alianzas en el Congreso, un hecho que le impide sacar adelante las reformas más importantes. Buena muestra de ello, aparte de las medidas pospuestas o rechazadas hasta la fecha, es la difícil tarea de lograr sacar adelante unos presupuestos.
