PRISMA EMPRESARIAL/ La justicia que quiere ser burlada: el caso Zimapán Entresemana.mx
* Trabajo indigno
GERARDO FLORES LEDESMA
ES INCREBLE que a la justicia en México le quieran ver la cara y que se puedan fabricar delitos, acusaciones, comprar testigos y exhibir documentos falsos para conformar presuntas pruebas, y que la mentira se convierta en una estrategia.
Ese es el caso de Aylén Trejo Leal, realizado en Zimapán, Hidalgo, quien desde hace casi un lustro se ha presentado ante la opinión pública como una mujer víctima de una familia cruel, de instituciones omisas y de un sistema judicial que no la escucha. Con el rostro erguido, se ha paseado por medios de comunicación, tribunas políticas y redes sociales, repitiendo una y otra vez la misma historia: la de una tía heroína que lucha por justicia para sus sobrinas. Pero detrás de esa narrativa bien pulida hay un entramado de falsedades, documentos apócrifos, testigos manipulados y acusaciones que, ahora, amenazan con revertirse y dejarla sin el disfraz que tan cuidadosamente construyó.
La historia que Aylén vendió —y muchos compraron sin cuestionar— está lejos de ser la única versión. Hoy, los tribunales han reactivado al menos cinco carpetas de investigación que estaban pausadas, algunas desde hace años. En ellas no es la víctima, sino la acusada. Los cargos son graves: despojo, violencia intrafamiliar, tentativa de homicidio, corrupción de menores, cohecho, fraude procesal, amenazas de muerte. Una decena de delitos que, de comprobarse, podrían llevarla a prisión.
No es poca cosa. En 2019, su propio abuelo, Arturo Trejo Villeda, recuperó bienes de los que había sido despojado por Aylén y su esposo, Romualdo Lora Ibarra. Ese fue solo el inicio. En 2021, su hermana Jacqueline Trejo Leal la denunció por violencia familiar y tentativa de homicidio. Y en 2022, Arturo William Trejo Leal —hermano y albacea de la herencia familiar— la acusó por fraude procesal, al presentar documentos y firmas falsificadas para reclamar derechos que no le correspondían.
Pero Aylén fue más allá. Al verse fuera de la herencia familiar, montó una estrategia legal y mediática para acusar a toda su familia de la violación de sus dos sobrinas (conocido como caso Zimapán). Para ello, aprovechándose de su hermana Jacqueline —quien sufre deterioro cognitivo— y con el uso de un poder que ésta le otorgó, manipuló versiones, presentó testigos falsos y fabricó pruebas. Incluso intentó sobornar a una perita ginecológica del Ministerio Público para que “acreditara” un delito inexistente. La carpeta 20-2023-00124, por cohecho, lo documenta con claridad.
Todo esto ha tenido un alto costo. No solo para los acusados injustamente, que fueron exonerados por un juez tras comprobarse la falsedad de los señalamientos, sino también para el Estado. Las movilizaciones organizadas por Aylén con el respaldo del Sindicato del Cemento —presidido por José Neri Ortega— han bloqueado carreteras, afectado la economía local y obligado a la movilización de fuerzas policiales y de protección civil. Nadie ha cuantificado aún el daño causado.
Ahora, las mentiras de Aylén amenazan con alcanzar su punto de quiebre. La mujer que jugó con la justicia para eliminar de un plumazo a sus rivales en una disputa familiar podría enfrentar las consecuencias de su estrategia, basada en mentiras y que rayan en delito.
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CASI 40 millones de personas carecen de trabajo digno y sobreviven sin salario suficiente y/o sin seguro social. De acuerdo con el Observatorio del Trabajo Digno, Cada día son más las personas que trabajan sin un contrato estable, sin afiliación sindical y son excluidas por labores de cuidado. Además, hay 14.8 millones de personas sin poder trabajar por dedicarse a cuidados en el hogar, de las cuales 14 millones son mujeres.
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