¿A quiénes y por qué podría investigar Hacienda tras la nueva reforma? Periódico Correo
Ciudad de México, México.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, una reforma clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que fortalece las herramientas del Estado mexicano en la lucha contra el lavado de dinero, pero también abre nuevas puertas a la vigilancia financiera de particulares.
Con esta reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá solicitar información financiera detallada de ciertos ciudadanos, así como dar seguimiento a una amplia gama de transacciones económicas consideradas “actividades vulnerables”, es decir, aquellas con riesgo de estar vinculadas al lavado de dinero.
La iniciativa, que ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, ha generado inquietudes sobre quiénes pueden ser investigados y bajo qué criterios.
¿Qué actividades te ponen en la mira de Hacienda?
La nueva legislación enumera diversas operaciones que podrían activar alertas automáticas. Si participas en alguna de ellas, podrías ser sujeto a revisión por parte de Hacienda:
- Si tus gastos mensuales acumulados con tarjeta de crédito o de servicios superan los 91 mil pesos.
- Si realizas abonos iguales o mayores a 72 mil 975 pesos en tarjetas de prepago (como las de regalo o nómina).
- Si se depositan más de 72 mil 975 pesos en instrumentos de almacenamiento de valor monetario, como monederos electrónicos, cupones, certificados o vales que pueden canjearse por dinero.
Estas operaciones, aún cuando sean legales, serán registradas como actividades vulnerables y podrían detonar una investigación si coinciden con otros patrones de riesgo.
¿Quiénes serán investigados con mayor rigor?
La reforma pone especial atención en las llamadas “personas políticamente expuestas” (PEP). Este grupo incluye a quienes actualmente ocupan —o han ocupado— cargos públicos, tanto en México como en el extranjero, así como a familiares y personas cercanas con vínculos relevantes.
- Esto abarca a funcionarios de los tres poderes de la Unión:
- Ejecutivo: Presidencia, secretarías de Estado y sus trabajadores.
- Legislativo: Senadores, diputados y personal del Congreso.
- Judicial: Magistrados, jueces y demás integrantes del Poder Judicial.
Además, órganos autónomos como el INE, así como empresas estatales (Pemex, CFE), fuerzas de seguridad (FGR, Guardia Nacional, SSPC) y gobiernos locales, deberán entregar información institucional para alimentar un sistema electrónico de vigilancia financiera.
¿Y si no eres servidor público? También podrías ser investigado
Uno de los puntos más relevantes —y controversiales— de la reforma es que cualquier ciudadano puede ser investigado, aunque no trabaje para el gobierno, si participa en operaciones con características específicas.
Por ejemplo, podrías ser objeto de seguimiento si realizas una transacción considerada “vulnerable” junto a una persona políticamente expuesta o si actúas como cliente, usuaria o fideicomisaria de alguien bajo vigilancia.
Esto implica que no se necesita ser funcionario para estar en el radar de Hacienda: basta con que tus movimientos financieros superen ciertos umbrales o estén relacionados con actores considerados de riesgo.
¿Qué busca el Gobierno con esta reforma?
La reforma forma parte de la estrategia de seguridad financiera de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a cerrar brechas legales que permiten la circulación de recursos ilícitos en sectores como el inmobiliario, financiero, digital y de servicios.
Aunque el Gobierno asegura que la medida no invade la privacidad, sectores de oposición han señalado que estas facultades podrían derivar en un “control excesivo” o incluso en un uso político de la información financiera.
