Conicet, otra ruina del imperio populista Infobae
El imperio populista, depredador serial de las instituciones argentinas, también ha saqueado el Conicet. El principal organismo de ciencia y tecnología del país, concebido autárquico a fin de resguardar su independencia, se convirtió en un aparato de propaganda partidaria. La institución pensada para potenciar la ciencia básica está superpoblada de cientistas sociales y agitadores del populismo woke. En lugar de impulsar el desarrollo y la innovación del país, se ha multiplicado a sí mismo hasta alcanzar dimensiones insostenibles. Diseñado desde una matriz federal, hoy concentra el 65% de la inversión en CABA y la provincia de Buenos Aires, agudizando las asimetrías regionales. El Conicet no es ajeno al destino nacional de ser un intento fallido.
Los investigadores de la posverdad hoy lloran cientificidio y persecución entre las nubes tóxicas del nuevo paradigma político. No reclaman ciencia, exigen yacimientos presupuestarios. No quieren producción eficiente y competitiva, buscan programas, subsidios, burocracia. Entre 2003 y 2023, la planta de Conicet se multiplicó casi por cuatro y los investigadores se triplicaron, el 25% de los cuales pertenecen al área de ciencias sociales y humanidades. Ese crecimiento es directamente proporcional al empobrecimiento y la decadencia cultural del país.
Frente a la gran oportunidad de reestructurar y sanear el sistema científico argentino, el establishment del CONICET se ha abroquelado en defensa de sus privilegios, desconectados de la realidad del país.
Sin duda, la producción de conocimiento científico y tecnológico constituye una política de Estado, pero ¿qué política? y ¿de cuál Estado? Hasta ahora ha sido la política monopólica y centralizada de un Estado proteccionista, burocrático y prebendario, dueño y amo del conocimiento nacional y popular. El proteccionismo estatista encerró al sistema en un círculo endogámico que obtura la competencia, desincentiva la inversión privada en investigación y ahuyenta la transferencia al sector productivo.
Argentina es uno de los pocos países de la región que no ha adoptado el Tratado Internacional de Cooperación de Patentes, adopción que impulsaría la investigación, internacionalizaría la innovación, facilitaría la inversión extranjera, la transparencia y seguridad jurídica. Por el contrario, el hecho de que no haya libre cooperación internacional en materia de patentes facilita el monopolio corporativo nac & pop, que de ese modo supervisa mejor cómo, qué y quiénes desarrollan.
En el área de ciencias sociales y humanidades, el cepo woke lo controla todo, desde los proyectos anales y los convenios proxenetas hasta los censos de autopercepciones. A fin de instalar el wokismo como política científica, los equipos del CONICET falsearon la norma constitucional para hacer como si Argentina hubiese firmado un Tratado internacional vinculante sobre identidades de género que no existe. Ningún investigador o cuerpo científico cuestionó la esterilización experimental de niños basada en el anticientífico criterio de autopercibirse “trans”, ni discutió la proliferación de múltiples sexos de las taxonomías woke.
Desde el punto de vista jurídico, CONICET funciona por inercia normativa, con un estatuto derogado por Carlos Menem en 1999. El sistema de evaluación es oscuro e impenetrable, operado de manera arbitraria por un Directorio militante –en campaña permanente– que pone a dedo las comisiones y juntas asesoras. Los evaluadores, puestos de manera discrecional, deciden ingresos, promociones o desvinculaciones según criterios ad hoc, siempre novedosos. Los dictámenes son confidenciales de manera tal que si un postulante quiere saber si ha sido evaluado con la misma vara que el resto o si hubo doble vara, no puede saberlo, tampoco conocer el nombre de sus evaluadores externos, quizás en conflicto de intereses o tráfico de influencias. Todo funciona en un círculo endogámico perfectamente diseñado para producir los becarios e investigadores deseados por la cúpula piramidal.
Se entiende así el hecho de que infinidad de investigadores tengan pisadas sus carreras, mientras que otros acumulan recursos, proyectos o becarios. Cualquiera puede ser desvinculado del Conicet, por ejemplo, por denunciar la malversación de fondos de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica como le sucedió al historiador Eduardo Saguier, o ser perseguido por oponerse al régimen como le sucede a la biotecnóloga Sandra Pitta, o censurado por impugnar el dogma woke, como es mi caso. Así se entienden también los subsidios transferidos tarde y pesificados a un dólar oficial devaluado, las 672 instituciones científicas con rendiciones pendientes por más de $30.000.000.000, o los 97 convenios para obras de infraestructura científica por más de 75 mil millones que nunca se hicieron.
La barbarie cultural argentina redujo la excelencia, el mérito, la competencia y la iniciativa individual a un régimen de opresión y estigmatización que se debe eliminar. El resultado es un Conicet convertido en una unidad básica de reparto y colocación. La buena noticia es que somos muchos los investigadores decididos a romper las cadenas. Estamos dispuestos a trabajar para que el conocimiento científico y tecnológico sea una política pública liberal, libre del monopolio corporativo, para convertirlo en una economía robusta y eficiente que multiplique en bienes y servicios lo que la sociedad le dio, en una usina de transferencia productiva y cooperación internacional.
Como además me dedico a la filosofía, estoy convencida de que la grandeza de un país no se alcanza sin la libertad de las grandes ideas, los principios robustos, los valores universales. No la alcanzaremos mientras el Conicet siga dirigido por el cientismo nacional y popular.
[La autora es doctora en Filosofía e investigadora CONICET-UBA, integrante de la Red de Ciencia y Técnica Independiente y de la Asociación Civil Derechos Humanos y Desarrollo Científico]
