Llueve sobre mojado Heraldo de Aguascalientes

En las últimas semanas, algunos diputados locales han manifestado preocupaciones en determinados asuntos educativos. Entre otras cuestiones, les preocupan las irregularidades sobre el uso del teléfono celular en las escuelas y la situación de los padres de familia en relación con los apoyos educativos que deben brindar a sus hijos y la atención de niños y adolescentes con autismo.

La diputada Lucía de León, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, dice estar formulando una iniciativa de ley para regular el uso de los teléfonos celulares en la educación básica y media superior. Al respecto, importa subrayar que las empresas de tecnología tienen normas para el uso responsable de los celulares y existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como también existe la Ley General de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras disposiciones. Por lo tanto, la propuesta de la diputada Lucía de León llueve sobre mojado. Lo que realmente se necesita es que las autoridades federales, estatales y municipales cumplan y hagan cumplir las normas sobre la temática y que los padres de familia cuiden y hagan responsables a sus hijos en el uso del celular. Las maestras y los maestros, por su parte, están haciendo lo que les corresponde: tratan de que los estudiantes hagan buen uso de esta tecnología en beneficio de sus aprendizajes.

El diputado Heriberto Gallegos, a su vez, presentó una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para crear Escuela para Padres, con el fin de fortalecer el acompañamiento familiar de niñas, niños y adolescentes en su formación educativa. Hace dos décadas, se desarrolló en Aguascalientes la Escuela para Padres, por cierto, con buenos resultados. Sin embargo, el programa desapareció por falta de recursos financieros. En tal virtud, si la intención es reverdecer Escuela para Padres, entonces lo que el diputado Heriberto Gallegos debe hacer no es tan sólo presentar la iniciativa de ley, sino crear un presupuesto financiero suficiente y anualizado con el fin de contratar personal calificado que desarrolle, con eficacia, el programa; así como para capacitar y actualizar, permanentemente, al personal; para la adquisición de material de apoyo, el seguimiento y evaluación del programa. Y no estorban, eso sí, normas estrictas que garanticen el buen uso de los recursos financieros, evitando desvíos de estos para provecho personal de vividores.

Recientemente, de nueva cuenta la diputada Lucía de León, junto con la diputada Mirna Medina Ruvalcaba presentaron otra iniciativa de ley para la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista. Esta propuesta también llueve sobre mojado en virtud de que ya hay normas que rigen la atención no tan sólo de autistas, sino de todo tipo de requerimientos de educación especial. Como en el caso anterior, el problema no es la falta de normas para la atención del autismo, el problema real es la falta de recursos financieros. De un 30% estimado de quienes demandan educación especial, tan sólo se atiende el 10%, porque no hay suficiente personal para la atención de niñas, niños y adolescentes que requieren este servicio. Antes de los años dos mil, había escuelas de educación especial, específicamente, para atender todo tipo de discapacidades; pero la Secretaría de Educación Pública, por falta de recursos, determinó que los alumnos, con ciertas discapacidades, se incluyeran en los grupos normales que las maestras y maestros atienden en las escuelas. Habrá que reconocer que los docentes, de grupos normales, no están formados ni capacitados para atender estudiantes con discapacidad, por lo que la medida, en lugar de mejorar la atención, ha demeritando los servicios de educación especial. Luego, entonces, más que iniciativas se requieren recursos y que estos se apliquen con honestidad.