¡En riesgo menores de edad por explotación laboral! Página Ciudadana

• El diputado Pablo Trejo Pérez, presenta en Congreso CDMX proposición para exhortar al gobierno y alcaldías, reforzar acciones contra trabajo infantil.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a los tres órdenes de gobierno a prevenir y sancionar cualquier forma de abuso en el trabajo.

• Cualquier labor forzoso u obligatorio de niñas, niños y adolescentes, los coloca en situación de riesgo –incluso el de perder la vida–, lo indica CNDH.

Por Guillermo Pimentel Balderas

Persiste la exposición a los menores de edad a afectaciones severas en su salud tales como retraso en su crecimiento, predisposición a adicciones, ejercicio a edad temprana de su sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, a causa del trabajo infantil.

Por lo tanto, en el “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, se sigue vulnerando de forma directa el desarrollo físico, psicológico, educativo y social de la infancia.

El trabajo infantil es consecuencia de factores estructurales, como la falta de acceso a educación de calidad, la discriminación dentro del núcleo familiar y la desigualdad de oportunidades, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas, donde se acentúan los niveles de vulnerabilidad.

En el marco de una proposición con Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Pablo Trejo Pérez exhorta a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, a través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias para que, en coordinación con las 16 alcaldías, refuercen las acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil, especialmente en zonas de alta marginalidad.

Aduce que, existen cifras alarmantes como las que refiere la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, que colocan a México con 3.7 millones de menores entre 5 y 17 años que realizan algún tipo de trabajo infantil y que, en la Ciudad de México, aunque la tasa es más baja que en otras entidades, alrededor del 3.1% de los menores se encuentra en esta situación.

Subraya que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el trabajo forzoso u obligatorio de niñas, niños y adolescentes, constituye una de las graves expresiones de violencia y discriminación que imposibilita el ejercicio pleno de sus derechos, los coloca en situación de riesgo –incluso el de perder la vida–.

Asimismo, los expone a afectaciones severas en su salud tales como retraso en su crecimiento, predisposición a adicciones, ejercicio a edad temprana de su sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Ante estos flagelos que lesionan la integridad física y mental de los menores, el Diputado del Distrito 15 en Iztacalco presenta en el Congreso capitalino una proposición con Punto de Acuerdo que fue turnada a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y eventual aprobación.

Trejo Pérez acentúa que, es necesario actuar desde el ámbito legislativo para establecer rutas claras de coordinación interinstitucional y territorial que permitan atender no solo las consecuencias, sino también las causas estructurales del trabajo infantil, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de niñez,

Enfatiza que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obliga a los tres órdenes de gobierno a prevenir y sancionar cualquier forma de explotación laboral. Por tal razón, precisa, se tienen que reforzar acciones contra el trabajo infantil.

Insiste Trejo Pérez en que “el trabajo infantil vulnera de forma directa el desarrollo físico, psicológico, educativo y social de la infancia, y como sociedad no podemos permitir que esta práctica continúe reproduciéndose, especialmente en contextos de pobreza y desigualdad”.

También, exhibe el legislador en su propuesta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 160 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en el mundo, y que casi la mitad de ellos lo hacen en condiciones peligrosas que ponen en riesgo su salud y seguridad.

Insiste: “De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, en México hay 3.7 millones de menores entre 5 y 17 años que realizan algún tipo de trabajo infantil. En la Ciudad de México, aunque la tasa es más baja que en otras entidades, alrededor del 3.1% de los menores se encuentra en esta situación, con presencia creciente en servicios de transporte y actividades de mendicidad forzada”.

Igualmente, Trejo Pérez subraya de nueva cuenta que, en su documento no deja pasar por alto de que, el trabajo infantil es consecuencia de factores estructurales, como la falta de acceso a educación de calidad, la discriminación dentro del núcleo familiar y la desigualdad de oportunidades, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas, donde se acentúan los niveles de vulnerabilidad.

El Diputado reconoce los esfuerzos recientes del Gobierno de la Ciudad de México, como la creación del padrón interinstitucional de familias en situación de trabajo infantil, la elaboración de diagnósticos focalizados por sector y la mejora en la coordinación entre dependencias.

Sin embargo, considera que, estos esfuerzos deben fortalecerse con mayor cobertura territorial, acciones diferenciadas y con la participación activa de las 16 alcaldías.
Pondera que la proposición hace énfasis en la legislación vigente, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, “obliga a los tres órdenes de gobierno a prevenir y sancionar cualquier forma de explotación laboral”.

Además, recuerda que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en su meta 8.7, establecen como compromiso global la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas para el año 2025.

Pablo Trejo Pérez, deja en claro que en la proposición se indica que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el trabajo forzoso u obligatorio de niñas, niños y adolescentes, constituye una de las graves expresiones de violencia y discriminación que imposibilita el ejercicio pleno de sus derechos, los coloca en situación de riesgo –incluso el de perder la vida–.

Por otra parte, pero con el mismo contexto, cabe reseñar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como todo aquel que priva a niñas, niños y adolescentes de su potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

El trabajo infantil es un problema social multifactorial que, aunque por lo general se asocia a contextos de pobreza, también depende en gran medida de los(as) empleadores que demandan mano de obra de personas menores de edad bajo argumentos como la reducción de sus costos de producción, o que son más ágiles o rápidas para ciertos trabajos manuales.

Estas afirmaciones han sido desacreditadas por los estudios de la OIT. No existe una solución única para eliminar el trabajo infantil, debe buscarse la participación de los diferentes actores sociales para encontrar y establecer alternativas que atiendan el fenómeno de una manera integral y transversal.

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